El freno coyuntural de la inmigración en Canarias no permite atisbar una caída del fenómeno en el futuro
Santa Cruz de Tenerife, 6 de julio de 2009.- La llegada de inmigrantes a Canarias se ha visto frenada en lo que va de año por causas coyunturales, aunque esta evolución no permite atisbar un descenso del fenómeno de la inmigración de cara al futuro, según se desprende de un análisis realizado por Movimiento por la Paz, el Desarme y La Libertad en Canarias (MPDLC). Esta actuación se enmarca dentro de la campaña de sensibilización “Más allá de la noticia”, financiada por la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias.
El documento, en el que se profundiza en las causas que han llevado a un menor número de llegadas, ha sido elaborado con la colaboración de tres expertos en materia de inmigración, como es el caso del profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna y coordinador científico del Observatorio de la Inmigración de Tenerife (Obiten), Dirk Godenau; el arabista y responsable de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Melilla, Manuel Lorenzo, y el coordinador general y vicepresidente del Centro europeo de estudios sobre flujos migratorios (Cemigras), Manuel Ferrer.
El documento toma como punto de partida los últimos datos estadísticos oficiales existentes del Archipiélago, que incluyen el avance del padrón municipal a fecha de 1 de enero de 2009, en el que se contabilizan 299.220 extranjeros, un 5,4% más que los datos de 2008, siendo éste el segundo incremento más bajo de los últimos cinco años.
Por otro lado, las cifras de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife recogen un descenso del 60,38% de la entrada de inmigrantes irregulares por vía marítima en el primer semestre del año, con un total de 1.599 personas contabilizadas, de las que 1,463 son adultos y 136 menores.
Los expertos consultados matizan que esta evolución a la baja responde a la reducción de las oportunidades de empleo que ha generado la crisis económica en Canarias, así como el refuerzo del carácter restrictivo de las políticas de inmigración en España y las acciones de control en las fronteras.
Insisten en que se trata de factores que responden a una situación coyuntural, pero hacen hincapié en que las previsiones apuntan a que el fenómeno migratorio se siga manteniendo en alza, teniendo en cuenta que tiene un origen estructural, como consecuencia de los graves problemas que padece como consecuencias del déficit de desarrollo, bienestar y empleo de los países emisores.
En opinión de Dirk Godenau, la actual reducción brusca de las llegadas responde a una situación de adversidad económica coyuntural más que a cambios estructurales. En este sentido, precisa que, si el actual modelo de crecimiento, centrado más en el empleo que en la productividad, se reactivara en términos similares una vez superada la crisis económica, entonces también sería de esperar que, a medio y largo plazo, se vuelva a intensificar la inmigración laboral.
En el caso de las llegadas en cayucos, asimila esta merma a su carácter irregular y a los esfuerzos de control de las fronteras.
Por su parte, Manuel Lorenzo insiste en que, aunque se mantienen los “factores de expulsión” en los países de origen, la situación económica de los países de llegada puede haber incidido, además de las políticas y acciones que se están tomando para reforzar los controles en fronteras. Todas estas circunstancias, agrega, están provocando que los movimientos migratorios estén en estos momentos en un periodo de un puntual “stand by”.
Para Manuel Ferrer, las razones de una menor llegada de inmigrantes legales estarían en la crisis, mientras que en el caso de los cayucos lo atribuye al papel disuasorio que juega la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex). Respecto a este último punto, aclara que esto conlleva que muchos de los inmigrantes salgan de otros puntos más lejanos, lo que hace que desaparezcan más cayucos, ya que, resalta, las salidas se mantienen al mismo ritmo. Matiza que la evolución actual supone que “sólo se ha contenido de forma momentánea” y aclara que “es un espejismo pensar que está funcionando la retención de la inmigración”.
Respecto al comportamiento que seguirá en el futuro la llegada de inmigrantes, Dirk Godenau afirma que “es probable que los saldos migratorios de Canarias sigan bajando en los próximos años”, aunque, aclara, “parece poco probable que se vuelvan negativos, superando las salidas (entre ellas los retornos) a las entradas”.
Aclara que estas últimas tendrán uno de sus condicionantes en el intento de realizar reagrupaciones familiares por parte de los inmigrantes ya residentes en Canarias, por lo que serán importantes los posibles cambios en las condiciones que se imponen a la reagrupación familiar por parte del Estado español.
Manuel Lorenzo matiza que la tendencia que marcará el futuro estará condicionada por la situación económica de España y la de los propios países de origen. Al respecto, añade que, si los “factores de expulsión” de éstos últimos se acrecientan, se creará un nuevo escenario de llegada masiva de inmigrantes.
Por su parte, Ferrer destaca que progresará la reducción de la inmigración que llega de América, mientras que la que proviene de África sólo se está conteniendo y seguirá aumentando. En este sentido, precisa que “la inmigración no se contiene con barcos y policías” sino “cuando existen perspectivas de trabajo en los lugares de origen”.
Repercusión en las Islas
El análisis hace referencia también a las posibles consecuencias que pueda tener para el Archipiélago el descenso de la entrada de inmigrantes. En este sentido, Dirk Godenau explica que, “a corto plazo, el actual desequilibrio entre oferta y demanda de trabajo provoca la reducción de las oportunidades de empleo, sea para extranjeros o nacionales”. Pero, por el contrario, precisa, “a largo plazo, la economía europea, la española y también la canaria seguirán necesitando de la mano de obra procedente del exterior, dado su progresivo envejecimiento demográfico”.
No obstante, insiste en que la cuantía y el perfil de la mano de obra requerida dependen del patrón de creación de empleo. Por tanto, explica que, si en el próximo ciclo expansivo la economía española creciera en mayor medida por el incremento de la productividad, entonces sus necesidades de mano de obra no volverían a ser tan expansivas y concentradas en mano de obra de bajos requisitos formativos. Aclara que sería entonces cuando la “tarjeta azul” de la Unión Europea, pensada para fomentar la inmigración cualificada, también adquiriría mayor protagonismo en España.
Asimismo, Manuel Lorenzo aclara que las consecuencias del descenso de la inmigración dentro del mercado laboral español pueden ser tanto positivas como negativas. Admite que la vinculación que ha tenido la población inmigrante en algunos de los sectores más afectados por la crisis puede provocar una mayor precariedad social de los inmigrantes regularizados, mientras que en el caso de los irregulares también generará más dificultades.
No obstante, Lorenzo destaca que “la inmigración es y ha sido un pilar fundamental para el crecimiento económico de España”, por lo que, precisa, se trata de un fenómeno necesario.
Para el vicepresidente de Cemigras, la evolución a la baja de la economía canaria hace que la necesidad de mano de obra descienda, aspecto que, a su vez, va unido a una perspectiva nula de recuperación de la economía canaria a corto plazo.
Matiza que la reducción en la entrada de inmigrantes repercutirá en una menor presión a la hora de buscar empleo. No obstante, insiste en que Canarias cuenta con un sector primario susceptible de potenciar la producción ecológica, lo que permitiría brindar una oportunidad a los inmigrantes.
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martes, 14 de julio de 2009
Informe MPDLC sobre el descenso de la inmigración.
martes, 7 de abril de 2009
Un informe de MPDLC descarta que la Ley de Memoria Histórica genere una avalancha de “nuevos españoles”
El estudio analiza la incidencia de esta normativa en cuanto a las demandas de nacionalidad española, en especial de nietos de españoles exiliados
Santa Cruz de Tenerife, 6 de abril de 2009.- Un informe realizado por Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias (MPDLC) rechaza que la Ley de Memoria Histórica, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, vaya a provocar una avalancha de “nuevos españoles” en los próximos meses.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio titulado “¿La Ley de Memoria Histórica implicará una avalancha de ‘nuevos españoles’?”, enmarcado en la campaña de sensibilización que desarrolla la ONG dentro del programa “Más allá de la noticia”, financiado por la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias y que pretende analizar los principales tópicos sobre la inmigración que se evidencian en los medios de comunicación.
En este caso concreto, el análisis ha corrido a cargo del grupo de investigación de Economía Social adscrito a la Universidad de La Laguna compuesto por el doctor en Sociología Cristino Barroso y los doctores en Economía Juan Nuez y Fernando Carnero, así como el propio Servicio Jurídico de la ONG.
En el informe se pone de manifiesto que la principal novedad que incorpora la Ley de Memoria Histórica radica en la posibilidad de acceso a la nacionalidad española que brinda a los nietos de españoles que perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio. No obstante, incorpora también otras dos nuevas vías, dirigidas a los hijos de padre o madre español de origen, aunque no hubiese nacido en España, así como aquellas personas que ya optaron a la nacionalidad española no de origen.
Los expertos consultados por MPDLC coinciden en señalar que, aunque todavía es pronto para determinar el alcance que tendrá la Ley de Memoria Histórica respecto al número de solicitudes de nacionalidad española se refiere, teniendo en cuenta que entró en vigor el pasado 28 de diciembre de 2008, no se prevé que vaya a haber una entrada desmedida de ciudadanos que eran hasta ahora foráneos.
En este sentido, el grupo de investigación de Economía Social aclara que la petición de la nacionalidad no conlleva una emigración de forma implícita ni que, en caso de que ésta se produzca, el destino elegido sea Canarias, aunque los solicitantes de la nacionalidad sean descendientes de isleños.
Insiste en que las demandas, que en el caso de las Islas proceden principalmente de Venezuela y Cuba, seguidas a mayor distancia por Argentina y Chile, responden a su deseo de contar con los derechos y obligaciones de los españoles. Asimismo, agrega que, dada la actual crisis en la que se encuentra inmerso el Archipiélago y el país y las elevadas tasas de paro que soporta, esto repercutirá en un mayor retraimiento por parte de estas personas a la hora de tomar la decisión de emigrar. A esto se suma, además, la ralentización de fenómeno de la inmigración, tal y como queda constatado en las últimas estadísticas, relativas a 2008.
A nivel nacional, se mantiene también la presencia mayoritaria de solicitudes tramitadas por ciudadanos latinoamericanos, para los cuales, explican los expertos, la vía de salida más demandada sería Estados Unidos, por su proximidad geográfica y por la referencia que pueda suponer para ellos este área, a la que pueden acceder más fácilmente si cuentan con la nacionalidad española.
Manifiestan que, al pasar a la categoría de ciudadanos europeos, la zona susceptible de expansión se amplía también a toda la Unión Europea, por lo que los destinos posibles se multiplican aún más.
Al respecto, Cristino Barroso aclara que “los movimientos migratorios dependerán de que cuenten con una red social en el lugar de destino en la que poder ampararse”.
Un “temor” provocado por la crisis
Por otro lado, los expertos responsabilizan del temor que ha generado esta normativa en la población a las dificultades económicas que atraviesa Canarias y España en estos momentos y no dudan en señalar que, si esta ley se hubiese aprobado en otro momento más boyante, no hubiese generado ninguna polémica.
Al respecto, Juan Nuez recuerda el incremento poblacional que vivió Canarias entre 1996 y 2006, cifrado en 500.000 personas, la mayoría de fuera, pero que, precisa, fue absorbido sin demasiados problemas como consecuencia de la bonanza económica que vivía el Archipiélago. En este sentido, afirma que “la polémica se zanjará el día que vuelva a levantar la economía”.
Por otro lado, los expertos critican la fórmula en que se ha tramitado la ley. En este sentido, Fernando Carnero matiza que, “aunque la ley era necesaria, ya que el principio y derecho que inspira la disposición transitoria era una reivindicación histórica, la parte negativa corresponde a su tramitación”, ya que, precisa, “se debería de haber hecho a través de una ley específica, lo que permite contar con más herramientas para legislar correctamente”.
En este sentido, el grupo de investigación precisa que la apertura que desde el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que aprobó la norma se dio a al acceso de nacionalidad no sólo a los exiliados políticos sino a los económicos, hace que el marco de actuación se amplíe a la práctica totalidad de los solicitantes, pese a que se contemple cierta discrecionalidad.
Esto, argumentan los expertos, provoca que se deje en manos del criterio de los funcionarios consulares y de las instancias políticas del Ministerio la resolución de las peticiones, al mismo tiempo que no obvian el problema de sobrecarga que esto puede llegar a producir en los consulados.
Otra de las matizaciones que se incluye en el informe se centra en la denominación generalizada de esta normativa como “Ley de nietos”, una identificación que, se pone de manifiesto, resulta incorrecta, al reducir el contenido total de la ley a uno de sus tres supuestos.
Por otro lado, desde el servicio jurídico de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias se aclara que el principal derecho al que accederán las personas que obtengan la nacionalidad española y se queden en el país en el que residan será el derecho a voto, así como algunas prestaciones sanitarias y otras económicas “muy puntuales”, enmarcadas estas últimas dentro de las que otorgan las comunidades autónomas respectivas para sus emigrantes.
Asimismo, precisan que los nacionalizados que opten por venir a España, deberán de acogerse al régimen de prestaciones que existe para el resto de los españoles y que establece un periodo de residencia en España de diez años para poder tener acceso a ellas.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio titulado “¿La Ley de Memoria Histórica implicará una avalancha de ‘nuevos españoles’?”, enmarcado en la campaña de sensibilización que desarrolla la ONG dentro del programa “Más allá de la noticia”, financiado por la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias y que pretende analizar los principales tópicos sobre la inmigración que se evidencian en los medios de comunicación.
En este caso concreto, el análisis ha corrido a cargo del grupo de investigación de Economía Social adscrito a la Universidad de La Laguna compuesto por el doctor en Sociología Cristino Barroso y los doctores en Economía Juan Nuez y Fernando Carnero, así como el propio Servicio Jurídico de la ONG.
En el informe se pone de manifiesto que la principal novedad que incorpora la Ley de Memoria Histórica radica en la posibilidad de acceso a la nacionalidad española que brinda a los nietos de españoles que perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio. No obstante, incorpora también otras dos nuevas vías, dirigidas a los hijos de padre o madre español de origen, aunque no hubiese nacido en España, así como aquellas personas que ya optaron a la nacionalidad española no de origen.
Los expertos consultados por MPDLC coinciden en señalar que, aunque todavía es pronto para determinar el alcance que tendrá la Ley de Memoria Histórica respecto al número de solicitudes de nacionalidad española se refiere, teniendo en cuenta que entró en vigor el pasado 28 de diciembre de 2008, no se prevé que vaya a haber una entrada desmedida de ciudadanos que eran hasta ahora foráneos.
En este sentido, el grupo de investigación de Economía Social aclara que la petición de la nacionalidad no conlleva una emigración de forma implícita ni que, en caso de que ésta se produzca, el destino elegido sea Canarias, aunque los solicitantes de la nacionalidad sean descendientes de isleños.
Insiste en que las demandas, que en el caso de las Islas proceden principalmente de Venezuela y Cuba, seguidas a mayor distancia por Argentina y Chile, responden a su deseo de contar con los derechos y obligaciones de los españoles. Asimismo, agrega que, dada la actual crisis en la que se encuentra inmerso el Archipiélago y el país y las elevadas tasas de paro que soporta, esto repercutirá en un mayor retraimiento por parte de estas personas a la hora de tomar la decisión de emigrar. A esto se suma, además, la ralentización de fenómeno de la inmigración, tal y como queda constatado en las últimas estadísticas, relativas a 2008.
A nivel nacional, se mantiene también la presencia mayoritaria de solicitudes tramitadas por ciudadanos latinoamericanos, para los cuales, explican los expertos, la vía de salida más demandada sería Estados Unidos, por su proximidad geográfica y por la referencia que pueda suponer para ellos este área, a la que pueden acceder más fácilmente si cuentan con la nacionalidad española.
Manifiestan que, al pasar a la categoría de ciudadanos europeos, la zona susceptible de expansión se amplía también a toda la Unión Europea, por lo que los destinos posibles se multiplican aún más.
Al respecto, Cristino Barroso aclara que “los movimientos migratorios dependerán de que cuenten con una red social en el lugar de destino en la que poder ampararse”.
Un “temor” provocado por la crisis
Por otro lado, los expertos responsabilizan del temor que ha generado esta normativa en la población a las dificultades económicas que atraviesa Canarias y España en estos momentos y no dudan en señalar que, si esta ley se hubiese aprobado en otro momento más boyante, no hubiese generado ninguna polémica.
Al respecto, Juan Nuez recuerda el incremento poblacional que vivió Canarias entre 1996 y 2006, cifrado en 500.000 personas, la mayoría de fuera, pero que, precisa, fue absorbido sin demasiados problemas como consecuencia de la bonanza económica que vivía el Archipiélago. En este sentido, afirma que “la polémica se zanjará el día que vuelva a levantar la economía”.
Por otro lado, los expertos critican la fórmula en que se ha tramitado la ley. En este sentido, Fernando Carnero matiza que, “aunque la ley era necesaria, ya que el principio y derecho que inspira la disposición transitoria era una reivindicación histórica, la parte negativa corresponde a su tramitación”, ya que, precisa, “se debería de haber hecho a través de una ley específica, lo que permite contar con más herramientas para legislar correctamente”.
En este sentido, el grupo de investigación precisa que la apertura que desde el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que aprobó la norma se dio a al acceso de nacionalidad no sólo a los exiliados políticos sino a los económicos, hace que el marco de actuación se amplíe a la práctica totalidad de los solicitantes, pese a que se contemple cierta discrecionalidad.
Esto, argumentan los expertos, provoca que se deje en manos del criterio de los funcionarios consulares y de las instancias políticas del Ministerio la resolución de las peticiones, al mismo tiempo que no obvian el problema de sobrecarga que esto puede llegar a producir en los consulados.
Otra de las matizaciones que se incluye en el informe se centra en la denominación generalizada de esta normativa como “Ley de nietos”, una identificación que, se pone de manifiesto, resulta incorrecta, al reducir el contenido total de la ley a uno de sus tres supuestos.
Por otro lado, desde el servicio jurídico de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias se aclara que el principal derecho al que accederán las personas que obtengan la nacionalidad española y se queden en el país en el que residan será el derecho a voto, así como algunas prestaciones sanitarias y otras económicas “muy puntuales”, enmarcadas estas últimas dentro de las que otorgan las comunidades autónomas respectivas para sus emigrantes.
Asimismo, precisan que los nacionalizados que opten por venir a España, deberán de acogerse al régimen de prestaciones que existe para el resto de los españoles y que establece un periodo de residencia en España de diez años para poder tener acceso a ellas.
lunes, 2 de marzo de 2009
Un informe de MPDLC niega que la inmigración sea responsable de la sobrecarga del sistema sanitario
Santa Cruz de Tenerife, 2 de marzo de 2009.- “Los inmigrantes no son el motivo de la sobrecarga que sufre el sistema sanitario público”, según se desprende de un informe elaborado por Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias (MPDLC), que hace hincapié en que no se puede hablar de “abuso” por parte de este colectivo de los servicios sanitarios, sino que hace un uso asistencial minoritaria, ya que se trata de una población joven y sana. Esto, a su vez, provoca que la aportación de este colectivo a la Seguridad Social esté por encima de los beneficios que obtienen de dicho sistema.El mencionado documento, titulado “¿Los inmigrantes son la causa de la sobrecarga de los servicios sanitarios públicos?”, forma parte de una campaña de sensibilización que está desarrollando MPDLC dentro del programa “Más allá de la noticia” y en la que se analizan los principales tópicos sobre la inmigración que se recogen en los medios de comunicación.Las conclusiones del informe han sido extraídas a partir de las opiniones de expertos de las Islas vinculados a las áreas de sanidad e inmigración. En este caso han participado el subdirector médico del Área de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Guillermo Burillo; el vocal de las juntas directivas nacionales y canaria de Médicos del Mundo Carlos Arroyo; la mediadora cultural de Cruz Roja Karima El Mahmdi y la trabajadora social de Médicos del Mundo Eva Juana Díaz. Asimismo, se ha contado con la colaboración del Servicio de Urgencias Canario (SUC).A estas declaraciones se ha añadido también los resultados de diferentes estudios realizados a nivel nacional y autonómico en los últimos meses sobre este asunto.El trabajo de MPDLC resalta que, tal y como coinciden los expertos consultados, las causas de la saturación se encuentran en el incremento de la población en general registrado en los últimos años en Canarias, así como la propia naturaleza del sistema sanitario español, que centra sus esfuerzos en la prevención, pero que no cuenta con los recursos económicos y humanos suficientes.Explica que la mayoría de los inmigrantes desconocen buena parte de los servicios sanitarios y muchos manifiestan cierta aversión a la hora de acudir a un centro médico por miedo a que les vaya a cobrar o a que se les niegue la asistencia. A esto se suma, también, las dificultades del idioma.En el caso de la atención especial que pueda suponer la asistencia a los inmigrantes que llegan en cayucos, los expertos consultados puntualizan que pocas veces presentan un estado grave de salud y su incidencia en los servicios hospitalarios de urgencias puede asimilarse a la provocada por los accidentes de tráfico.Por otro lado, el informe hace hincapié en la necesidad de que los inmigrantes tramiten la tarjeta sanitaria para poder ejercer los derechos de atención que les corresponden.En las conclusiones se determina que, tal y como exponen los entrevistados, la aportación de los inmigrantes al sistema de la Seguridad Social está por encima de lo que reciben. Este punto ha sido también corroborado por el propio ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que, en una intervención en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, celebrada en julio del año pasado, afirmó que su contribución a la Seguridad Social “está por encima de los beneficios que se les concede” como ciudadanos.Precisamente, los últimos datos del Ejecutivo central recogen que Canarias fue la sexta comunidad con mayor número de afiliados extranjeros, con 87.540 afiliados extranjeros, de los cuales, la mayor parte, 49.929, procedían de países no pertenecientes a la Unión Europea.Por debajo del 10%Carlos Arroyo recuerda que, tal y como se puso de manifiesto en 2007 en un congreso nacional de medicina familiar y comunitaria, organizado por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, “nunca una cifra inferior al 10% de los usuarios de un servicio puede colapsarlo”.En su opinión, la causa de esta situación se encuentra en “un colapso crónico, provocado por una falta de inversión adecuada con arreglo al avance tecnológico”. En el caso de Canarias, agrega, ha incidido también el aumento poblacional que se ha registrado, superior al del resto del país, pero que, hace hincapié, “no depende de los inmigrantes”.A su juicio, las soluciones en el Archipiélago pasan por un aumento de la dotación presupuestaria y de los recursos humanos, así como la actualización de la ficha financiera sanitaria de acuerdo con el censo actual.Por su parte, el subdirector médico del Área de Urgencias del HUC, Guillermo Burillo, afirma que “la incidencia de los inmigrantes en las urgencias hospitalarias es muy baja”. Agrega que, en el caso de la llegada de pateras con enfermos graves, cuyos casos, apunta, “son muy pocos”, la presencia en las urgencias hospitalarias se limita a “cierta distorsión”, similar a la que puede provocar un accidente de tráfico.En su opinión, las causas de la saturación de las urgencias hospitalarias hay que ubicarlas en el incremento de la población, el insuficiente número de camas de hospitalización y el envejecimiento de la población, con el consiguiente aumento de las enfermedades crónicas. No obstante, se muestra optimista de cara al futuro y avanza que la situación mejorará sensiblemente en Tenerife en el plazo de dos años, gracias a la ampliación de la sala de observación del HUC en 24 camas y la puesta en marcha de hospitales comarcales en el norte y sur con plazas para crónicos.Burillo niega que los inmigrantes hagan un uso equivocado de los servicios de urgencias hospitalarios en mayor medida que la población autóctona. La única excepción, matiza, viene de la mano de los pacientes pediátricos, en donde, incluso, se detecta “un pequeño abuso”. Entre los motivos, alega los problemas que tienen los padres para acudir a las consultas de pediatría de Atención Primaria, que se realizan en horario de mañana y que coinciden con su jornada laboral, lo que genera una tendencia a que opten por llevar a los niños a las urgencias hospitalarias para que les realicen sus revisiones.Por otro lado, destaca que el personal sanitario ha vivido un proceso de aprendizaje desde que comenzasen a llegar las primeras pateras y agrega que aspectos como el idioma son ahora una dificultad pero no una barrera, ya que se cuenta con servicios de traducción.Para la mediadora cultural de Cruz Roja Karima El Mahmdi, los problemas de saturación del sistema sanitario están provocados por una mala gestión en la que “la inmigración no influye para nada” y cuyas consecuencias sufren tanto los españoles como los ciudadanos de fuera.Admite que los inmigrantes presentan cierto miedo a ir al médico, por temor a que se les vaya a cobrar o que, en el caso de inmigrantes ilegales, se les niegue la atención.Agrega que uno de los principales inconvenientes en la atención a los inmigrantes afecta a la comunicación e insiste en la necesidad de que tanto los centros de Atención Primaria como de Urgencias cuenten con más mediadores, para solventar problemas tanto de idioma como culturales.Tarjeta sanitariaPor su parte, la trabajadora social de Médicos del Mundo, Eva Juana Díaz, apunta que uno de los problemas más extendidos de los inmigrantes se centra en el desconocimiento sobre las posibilidades que tienen de acceso al servicio sanitario público.Explica que, en el caso de los inmigrantes que trabajan y, por lo tanto, cotizan en la Seguridad Social, su cobertura es la misma que la de cualquier español que cuenta con un contrato laboral, con su correspondiente prestación al sistema.Para el inmigrante que no cotice, la alternativa a la hora de poder acogerse a las prestaciones sanitarias viene de la mano de la obtención de la tarjeta sanitaria para personas sin recursos, que incluye todos los derechos de asistencia que cubre el sistema de la Seguridad Social de forma gratuita, ya que, de lo contrario sólo tienen derecho a una atención de urgencia que se les factura.La única excepción a estas dos fórmulas afecta a los menores de 18 años y las embarazadas durante el periodo de gestación, parto y posparto, que tienen derecho a asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles que cotizan.El acceso a dicha tarjeta sanitaria está abierto a todas las personas, sea cual sea su procedencia, teniendo en cuenta que pueden solicitarla españoles que sumen más de tres meses sin cotizar, o situación administrativa, siempre que cuenten con pasaporte o documentación identificativa y estén empadronadas en un municipio canario.Aclara que a esto se suma también un formulario en el que el interesado realiza una declaración jurada de sus rentas anuales. En función de dichos parámetros, la Administración resuelve si se concede o no la tarjeta.Entre los estudios incorporados en el informe destacan dos publicados en la revista “Emergencias”, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, sobre las características y necesidades de la asistencia sanitaria a los inmigrantes que lllegan en cayuco a Canarias, considerados referente en su área.En ellos se pone de manifiesto nuevamente “el buen estado de salud en el que llegan estos pacientes, lejos de tópicos en ocasiones malintencionados”, así como la baja proporción de pacientes derivados al hospital. También se reconoce que uno de los factores que ha influido en esta evolución ha sido “la curva de aprendizaje” de los sanitarios.El informe íntegro puede ser consultado aquí.
miércoles, 11 de febrero de 2009
“¿Los inmigrantes son la causa de la actual crisis económica que vive Canarias?”
Este breve informe forma parte de una campaña de sensibilización que está desarrollando Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias (MPDLC) dentro del programa denominado “Más allá de la noticia”, financiado por la Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias, que persigue llevar a cabo un análisis de los principales tópicos sobre la inmigración que se recogen en los diferentes medios de comunicación.En este caso se ha tomado como punto de partida del estudio la vinculación entre el paro y la población inmigrante, así como la posible “limitación” del mercado laboral español para acoger más inmigrantes, aspectos que cobran en estos momentos mayor relevancia como consecuencia de la crisis económica que afecta al país y que han sido recogidos en diversos rotativos .Desde MPDLC se ha recurrido a diferentes expertos en la materia para llevar a cabo un análisis de estas valoraciones y conocer de primera mano diferentes argumentos sobre la actual relación entre la inmigración y el mercado laboral canario.Para ello se les ha formulado diferentes preguntas dirigidas a conocer las causas del paro en Canarias, la responsabilidad que pueda tener en este proceso la inmigración, tanto de cayuco como legal, así como la necesidad real de inmigrantes que pueda haber en el actual momento de crisis.Uno de los entrevistados ha sido el profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, Dirk Godenau, quien ha puesto de manifiesto que “el hecho de que una parte de los parados residentes en Canarias sean extranjeros no significa que sea la causa del desempleo”.En este sentido, afirma que el paro es un problema que afecta tanto a los españoles como a los extranjeros e insiste en que sus causas se encuentran “en la coyuntura económica, tanto de la internacional como de la española y canaria”.Agrega que “la recesión genera una contracción del empleo y amplía la diferencia entre la oferta y la demanda de trabajo”. En su opinión, “la oferta de trabajo, es decir, las personas que viven en Canarias, no es ajustable a corto plazo y no caben políticas migratorias efectivas que logren adaptar esta oferta a los vaivenes coyunturales”.Dirk Godenau considera que la actual recesión está teniendo en el caso del Archipiélago un impacto rápido y sustancial en la demanda de trabajo. Explica que esto es fruto de la propia estructura económica del Archipiélago, caracterizada por los bajos niveles de productividad del factor trabajo, a lo que se suma que “gran parte de la intensa creación de empleo del último período expansivo 1994-2007 se ubica en sectores muy sensibles a variaciones coyunturales (construcción y determinados servicios)”.Respecto a la incidencia que pueda tener la inmigración que llega a las Islas a través de cayucos en el mercado laboral, Godenau niega que este colectivo dificulte el acceso al empleo de los canarios. En este sentido, insiste en que “casi la totalidad de los que llegan en cayucos se devuelven a sus países de origen o se trasladan a la Península”.En el caso de la inmigración legal, el profesor de Economía Aplicada puntualiza que “gran parte de los inmigrantes que residen en Canarias legalmente, y particularmente los procedentes de países extracomunitarios, tienen elevadas tasas de actividad, por lo que la mano de obra inmigrante ha adquirido un papel relevante en la oferta de trabajo de Canarias”.No obstante, señala que “la competencia laboral entre estos inmigrantes trabajadores y la oferta de trabajo de los españoles es, en términos generales, limitada, ya que gran parte de los trabajadores extracomunitarios se inserta en ocupaciones de baja aceptación por parte de la oferta nacional”. Al mismo tiempo, precisa que “no se han detectado prácticas de contratación en las empresas que den preferencia a los extranjeros antes que a los canarios”.Por otro lado, añade que “las tasas de paro de los inmigrantes son bastante más elevadas que las tasas de los canarios”, lo que indica que “la crisis tiene un impacto diferencial en este colectivo más vulnerable”.Ante esta situación, Godenau hace una reflexión sobre las necesidades futuras de Canarias en una época de crisis. Para ello, incluye una diferenciación entre los inmigrantes que ya residen en las Islas y los flujos de llegadas nuevos. En el caso de los primeros, afirma que Canarias necesita población extranjera especialmente en aquellas actividades que son de difícil cobertura por la oferta local, entre las cuales hace referencia a los servicios domésticos y el cuidado de mayores y dependientes en el hogar.Por otro lado, admite que “la crisis causará una reducción sustancial en las llegadas de nuevos inmigrantes regulares que buscan empleo en Canarias, ya que en las actuales circunstancias las oportunidades laborales se han reducido sustancialmente”. En cambio, precisa, “es menos probable que se produzcan retornos masivos a los países de origen a corto plazo”.No obstante, Godenau insiste en que “las necesidades son relativas, no absolutas”, ya que, explica, de lo contrario “no se plantearía el debate de las voluntades políticas”.Otro de los expertos incluidos en el informe es el economista y director del Gabinete técnico de CCOO-Canarias, José Miguel González.En su opinión, “la inmigración no es responsable en ninguna medida de la actual situación del desempleo que afecta a la Comunidad canaria”. En este sentido, precisa que cuanto más elevada es la población más baja es la tasa de paro, en línea con lo que ha venido ocurriendo hasta el último trimestre de 2007. A su vez, explica, Canarias es la comunidad que ostenta el mayor índice de devolución de inmigrantes. Por lo tanto, insiste en que existe un flujo demográfico por lo que “tiene la misma responsabilidad la inmigración que la población que ya existía en el Archipiélago”. En definitiva, puntualiza, el peso estriba en el hecho de ser población, no inmigración.José Miguel González matiza las causas del desempleo canario responden a la existencia de un sector como el de la construcción que ha estado más dimensionado que en el resto del país y a que, tradicionalmente, las Islas han contado con salarios por debajo de la media del país. A esto añade otros aspectos, como el continuo retroceso del consumo desde 2005, que le ha llevado a alcanzar en estos momentos tasas negativas. En su opinión, en situaciones en las que se genera problemas con las rentas, se produce efectos sobre el resto de sectores y se deja de consumir.En cuanto a la incidencia de los inmigrantes que llegan en cayuco en el mercado laboral local, José Miguel González niega que exista repercusión alguna y apunta que en este caso sólo repercute la inmigración legal e, insiste, en la misma medida que puede hacerlo la población en general.Expone que no se puede hablar de una correlación basada en que un mayor índice de población va unido a una cuota superior de desempleo. Por el contrario, puntualiza que, en ocasiones, más habitantes generan menos paro. A su vez, recuerda que un elevado crecimiento económico va unido a un número de habitantes superior, sobre todo teniendo en cuenta que los movimientos poblacionales se producen hacia aquellos puntos en donde existe más renta para repartir.Respecto a la necesidad de inmigrantes en un momento de crisis, el director del gabinete técnico de CCOO-Canarias afirma que “no hace falta más inmigración como consecuencia del menor crecimiento económico y de la presencia de menos población trabajadora”. Por tanto, señala, existe población activa suficiente para poder elegir.Sin embargo, puntualiza que esto tampoco significa que se deba primar el empleo a residentes, ya que, en su opinión, “no hay que cortar el flujo exterior”.En su opinión, las actuales circunstancias provocan que la población local reduzca sus aspiraciones a la hora de acceder al mercado laboral y una de las posibles consecuencias de sea que este segmento compita con la inmigración por los puestos de trabajo que, hasta ahora, había desempeñado este último colectivo.Sin embargo, manifiesta que se trata de una “competencia sana” que exige, entre otros aspectos, un mayor rendimiento. Por ello, insiste, se debe hacer hincapié en garantizar que las condiciones de trabajo sean igualitarias para todos los trabajadores.Según los análisis recogidos, el estudio establece, a modo de conclusión, que no existen motivos que puedan determinar una relación de causalidad entre la inmigración y el paro en la Comunidad canaria, al mismo tiempo que no se descarta que la nueva realidad existente en cuanto a las ofertas de empleo pueda conllevar una reducción en la llegada de extranjeros.
lunes, 9 de febrero de 2009
Cinco ideas falsas sobre inmigración
SAMI NAÏR, es un clásico en estos temas, por lo que es un texto que no podía faltar en esta bitácora:
Falsos conocimientos y prejuicios verdaderos hacen de la inmigración un chivo expiatorio ideal. Cinco ideas falaces sirven de acta de acusación.
1. España está amenazada por una 'invasión' migratoria.Este temor se basa en un doble supuesto: el de la existencia de una ciencia capaz de medir la presión migratoria y, por lo tanto, demostrar que un determinado país sufre la amenaza de una invasión y el de la interpretación de las cifras que confirmarían esta obsesión. Sin embargo, ninguna ciencia reconocida es hoy capaz de medir la 'presión' migratoria que pudiera ejercerse sobre un determinado país rico. Las cifras de la inmigración reflejan ante todo la política migratoria del Estado de acogida. En el caso de España, siguen estando a todas luces muy alejadas de todo aquello que pueda parecerse a una invasión: la población extranjera regularmente establecida se eleva a alrededor de un millón de personas (si tomamos en cuenta la operación de regularización del año 2000, que está terminándose), lo que equivale al 2,5% de la población total (frente al 4% de la Unión Europea). Así pues, España está muy por debajo de la media de la Unión Europea. Las solicitudes de asilo, tras alcanzar un pico entre 1992 y 1995, se han estabilizado en unas 5.000 anuales (el 96% de dichas solicitudes es rechazado). Es verdad que la última operación de regularización ha permitido medir a una parte de la inmigración ilegal: 245.000 solicitudes han sido cursadas y 150.000 aceptadas. Pero muchos de estos extranjeros ya habían sido titulares de un permiso de trabajo. Por lo tanto, estas personas no son nuevos emigrantes, sino extranjeros reintroducidos en las estadísticas nacionales por la regularización. Más significativo todavía: resulta imposible decir cuál sería la importancia de la inmigración en un contexto de fronteras abiertas. Sólo la observación de lo que ha ocurrido en países con gran experiencia en inmigración, como Francia, permite formular hipótesis. La apertura de las fronteras a la emigración laboral parece influir más en la forma que toman las migraciones que en su importancia cuantitativa. Antes de 1975, las migraciones hacia Francia eran a menudo migraciones de alternancia en las que los miembros de una misma familia se relevaban en el país de acogida. Esta movilidad se detuvo con el cierre de la fronteras a la emigración laboral. A partir de esa época, se desarrolló la emigración familiar (por definición, dirigida a instalarse de forma definitiva en el país de acogida). Así pues, a juzgar por estos ejemplos, sólo se puede afirmar que la apertura de las fronteras engendra la rotación probable de los flujos migratorios, mientras que el cierre provoca seguramente el agrupamiento familiar. Éste se produciría al cuadrado, es decir, que sería proporcional al número de solicitantes legalmente establecidos. Por tanto, estaría controlado.
2. La inmigración entra en competencia con la mano de obra nacional y ejerce una presión a la baja sobre los salarios.Pero basta con aplicar esta afirmación a la estructura global de los asalariados para medir su falsedad. A menudo poco cualificados, disponibles para trabajos que ya no quieren realizar los ciudadanos del país de acogida, los inmigrantes aceptan, a falta de leyes protectoras, lo que les proponen los patronos. Su situación es similar a la de las demás categorías de trabajadores precarios: mujeres, jóvenes y trabajadores no cualificados. El salario medio de las mujeres españolas es inferior en alrededor del 30% al salario de los hombres: ¡también se las podría acusar de hacer bajar los salarios! Por otro lado, nadie se extraña del importante desfase que puede existir entre el salario de un directivo y el de un empleado o un obrero... En realidad, el responsable del aumento de estas desigualdades y de la tendencia a la baja de los salarios es el movimiento de liberalización económica en marcha desde mediados de los años ochenta. La globalización financiera favorece un reparto de la riqueza que beneficia al capital y a los asalariados -poco numerosos- que influyen directamente en las decisiones que afectan al capital (directores generales, ejecutivos, etc.). En cambio, sin una ley protectora (fijación de un salario mínimo), sin la intervención del Estado, este reparto tiende a ser desfavorable para los asalariados en la parte baja de la escala. Por lo tanto, los inmigrantes no son en modo alguno responsables del descenso de los salarios. Al contrario, son las primeras víctimas. Porque no tienen más remedio que integrarse en una estructura de salarios de por sí muy poco igualitaria.
3. Los inmigrantes se benefician indebidamente de las leyes sociales favorables.No hay nada más falso. Los inmigrantes que trabajan legalmente en España cotizan a los sistemas de Seguridad Social y de pensiones. El hecho de que perciban los derechos vinculados a estas cotizaciones es simplemente de justicia, ¡al menos si se acepta la idea de que España es un Estado de derecho que rechaza la esclavitud! Por otro lado, resulta evidente que su contribución al sistema de pensiones favorece ante todo a los españoles y supone una ayuda decisiva para el mantenimiento de las mismas. Aquí, la aportación de los inmigrantes es un beneficio absoluto para España. En efecto, la contribución de las nuevas generaciones a la jubilación de las anteriores se ve compensada por el hecho de que estas últimas han cotizado para la formación, la educación y el nivel de vida de las jóvenes generaciones. Pero los inmigrantes vienen del extranjero, ya son adultos y el coste de su educación ha sido soportado enteramente por su país de origen, por muy pobre que sea. Representan, por lo tanto, un beneficio neto para el contribuyente español y una pérdida completa para el país de origen. No es casualidad que el debate actual sobre la jubilación en Europa también gire alrededor de la cuestión de saber si hay que 'importar' o no trabajadores extranjeros para cubrir la tendencia a la baja del crecimiento demográfico y, de esta manera, mantener un ni vel de vida decente de cara a la jubilación. Lo que es muy probable es que Europa necesite hacer venir a decenas de millones de trabajadores jóvenes para hacer frente a este desafío. Ningún responsable político serio se atreverá a creer que en Europa los fondos privados de pensiones y el ahorro salarial pueden sustituir, de forma significativa, a la jubilación por reparto. Por último, es cierto que los inmigrantes que trabajan en la clandestinidad no cotizan, pero tampoco disfrutan de protección social. No están en modo alguno a cargo de la sociedad, lo que, por otro lado, es un insulto para el respeto mínimo de los derechos humanos. Conocemos la situación dramática de los trabajadores clandestinos del sur de España: les es casi imposible disponer de un techo, y en cuanto a solicitar tratamiento, se arriesgan a ser expulsados. Ni siquiera se benefician del derecho de 'asistencia a la persona en peligro'. Es una situación escandalosa. El que los inmigrantes sobreexplotados y mantenidos conscientemente en la ilegalidad ni siquiera tengan el derecho a manifestarse, a hacer huelga, sitúa a España, con su Ley de Extranjería, muy por detrás de los demás países europeos en materia del respeto de los derechos.
4. La riqueza de España provoca un 'efecto de llamada' en los países pobres.No es tanto el desarrollo de España como la importancia de su sector informal lo que provoca este efecto, aunque exista realmente. Evitar la complejidad de los trámites administrativos, esquivar un eventual rechazo, saber que se puede, con toda seguridad, encontrar un trabajo aunque sea con unas condiciones espantosas, éste es el efecto de llamada más poderoso que pueda existir. Al final de todo ello está la esperanza de integrarse en la sociedad española en unas condiciones mejores, o sencillamente ganar el dinero suficiente para regresar a su país al final de su estancia. Existen pocos datos a este respecto, pero a comienzos de los años noventa se calculaba que dos tercios de los inmigrantes procedentes del Tercer Mundo trabajaban en la economía sumergida. El sector informal alimenta la clandestinidad, los fantasmas sobre la inmigración y, al final de la cadena, fomenta el racismo. Para aclarar la relación de la sociedad española con la inmigración es necesario que España acepte luchar contra su propia economía informal, aunque sólo sea para no quebrantar el derecho de gentes. También resulta evidente que este sector entra en profunda contradicción con el resto de la economía legal española y con el resto de las normas europeas: esta forma de empleo se asemeja a la competencia desleal.
5. La inmigración 'amenaza' con alterar la identidad de España.Toda sociedad tiende naturalmente a defender su identidad. Es legítimo. Pero hay que subrayar de entrada que una identidad cerrada no existe en ninguna parte, nunca ha existido y nunca existirá. Cuando la sociedad es muy rígida, siempre es contestada por una infinita variedad de desviaciones internas; cuando se repliega totalmente, se ve amenazada con perder su relación con la realidad: es el caso de las sectas. Dicho de otro modo, la permanencia de la identidad es exactamente lo opuesto al repliegue de la identidad: es la apertura necesaria a las aportaciones exteriores, aunque sólo sea para adaptarse a sí misma.En el caso de la inmigración, es precisamente ella la que debe adaptarse a la sociedad. Al ser unos individuos aislados, los inmigrantes entran en contacto con una sociedad culturalmente estructurada, infinitamente más fuerte que ellos y que sienten que modificará su propia identidad cultural. La necesidad de aprender la lengua y la aceptación pasiva de las costumbres de la sociedad de acogida modifican su forma de pensar y su comportamiento. No tienen otra elección salvo adaptarse. Naturalmente, esta integración se articula en torno al modelo cultural y antropológico dominante en la sociedad de acogida. En el caso de las sociedades en las que las relaciones se rigen por pautas étnicas, como en Estados Unidos o en Gran Bretaña, esta adaptación reviste el aspecto de reagrupamientos comunitaristas que establecen las pertenencias según la diferenciación de origen. Uno puede ser descendiente de varias generaciones nacidas en Nueva York, pero sigue siendo 'de origen' chicano o italiano. En otros casos, más corrientes en Europa, donde la tradición universalista pretende, al menos formalmente, someter el origen a la igualdad ciudadana, esta integración se realiza, paradójicamente, de forma más dolorosa y al mismo tiempo más radical. La exigencia de asimilación es más fuerte, por lo tanto, más difícil de soportar para las primeras generaciones de emigrantes; el acceso a la igualdad es más rápido, por lo tanto, con más posibilidades de provocar una identificación más completa del emigrante con la sociedad de acogida. Pero, tanto en Estados Unidos como en Europa, la adaptación se produce siempre, aunque sea tras numerosas dificultades y tras varias generaciones.Sólo se logrará plenamente si es progresiva, sin violencia, respetuosa de las singularidades y basada en unas obligaciones sociales a las que correspondan unos derechos reales.Para favorecer las migraciones del futuro, España puede, sin duda alguna, mirar hacia Latinoamérica, bajo el pretexto de que se trata de poblaciones que hablan el castellano y que son además (no se dice claramente, pero nadie se lleva a engaño) cristianas. Es una actitud ciega: porque la demanda migratoria proviene ante todo de África y del Magreb. Lo quiera o no, España recibirá a poblaciones del sur del Mediterráneo. Así pues, en vez de construir falsos muros, de proferir discursos xenófobos sobre la 'ausencia' de 'proximidad' cultural de las gentes del Sur, sería mejor que los responsables políticos miraran la realidad de frente.Estas falsas ideas sobre la inmigración alimentan un círculo perverso: se justifica la marginalización de la víctima propiciatoria mediante la creación continua del chivo expiatorio. Es grave, porque rebajar demagógicamente el debate sobre el control de los flujos migratorios conduce siempre a un debilitamiento de la democracia.
Falsos conocimientos y prejuicios verdaderos hacen de la inmigración un chivo expiatorio ideal. Cinco ideas falaces sirven de acta de acusación.
1. España está amenazada por una 'invasión' migratoria.Este temor se basa en un doble supuesto: el de la existencia de una ciencia capaz de medir la presión migratoria y, por lo tanto, demostrar que un determinado país sufre la amenaza de una invasión y el de la interpretación de las cifras que confirmarían esta obsesión. Sin embargo, ninguna ciencia reconocida es hoy capaz de medir la 'presión' migratoria que pudiera ejercerse sobre un determinado país rico. Las cifras de la inmigración reflejan ante todo la política migratoria del Estado de acogida. En el caso de España, siguen estando a todas luces muy alejadas de todo aquello que pueda parecerse a una invasión: la población extranjera regularmente establecida se eleva a alrededor de un millón de personas (si tomamos en cuenta la operación de regularización del año 2000, que está terminándose), lo que equivale al 2,5% de la población total (frente al 4% de la Unión Europea). Así pues, España está muy por debajo de la media de la Unión Europea. Las solicitudes de asilo, tras alcanzar un pico entre 1992 y 1995, se han estabilizado en unas 5.000 anuales (el 96% de dichas solicitudes es rechazado). Es verdad que la última operación de regularización ha permitido medir a una parte de la inmigración ilegal: 245.000 solicitudes han sido cursadas y 150.000 aceptadas. Pero muchos de estos extranjeros ya habían sido titulares de un permiso de trabajo. Por lo tanto, estas personas no son nuevos emigrantes, sino extranjeros reintroducidos en las estadísticas nacionales por la regularización. Más significativo todavía: resulta imposible decir cuál sería la importancia de la inmigración en un contexto de fronteras abiertas. Sólo la observación de lo que ha ocurrido en países con gran experiencia en inmigración, como Francia, permite formular hipótesis. La apertura de las fronteras a la emigración laboral parece influir más en la forma que toman las migraciones que en su importancia cuantitativa. Antes de 1975, las migraciones hacia Francia eran a menudo migraciones de alternancia en las que los miembros de una misma familia se relevaban en el país de acogida. Esta movilidad se detuvo con el cierre de la fronteras a la emigración laboral. A partir de esa época, se desarrolló la emigración familiar (por definición, dirigida a instalarse de forma definitiva en el país de acogida). Así pues, a juzgar por estos ejemplos, sólo se puede afirmar que la apertura de las fronteras engendra la rotación probable de los flujos migratorios, mientras que el cierre provoca seguramente el agrupamiento familiar. Éste se produciría al cuadrado, es decir, que sería proporcional al número de solicitantes legalmente establecidos. Por tanto, estaría controlado.
2. La inmigración entra en competencia con la mano de obra nacional y ejerce una presión a la baja sobre los salarios.Pero basta con aplicar esta afirmación a la estructura global de los asalariados para medir su falsedad. A menudo poco cualificados, disponibles para trabajos que ya no quieren realizar los ciudadanos del país de acogida, los inmigrantes aceptan, a falta de leyes protectoras, lo que les proponen los patronos. Su situación es similar a la de las demás categorías de trabajadores precarios: mujeres, jóvenes y trabajadores no cualificados. El salario medio de las mujeres españolas es inferior en alrededor del 30% al salario de los hombres: ¡también se las podría acusar de hacer bajar los salarios! Por otro lado, nadie se extraña del importante desfase que puede existir entre el salario de un directivo y el de un empleado o un obrero... En realidad, el responsable del aumento de estas desigualdades y de la tendencia a la baja de los salarios es el movimiento de liberalización económica en marcha desde mediados de los años ochenta. La globalización financiera favorece un reparto de la riqueza que beneficia al capital y a los asalariados -poco numerosos- que influyen directamente en las decisiones que afectan al capital (directores generales, ejecutivos, etc.). En cambio, sin una ley protectora (fijación de un salario mínimo), sin la intervención del Estado, este reparto tiende a ser desfavorable para los asalariados en la parte baja de la escala. Por lo tanto, los inmigrantes no son en modo alguno responsables del descenso de los salarios. Al contrario, son las primeras víctimas. Porque no tienen más remedio que integrarse en una estructura de salarios de por sí muy poco igualitaria.
3. Los inmigrantes se benefician indebidamente de las leyes sociales favorables.No hay nada más falso. Los inmigrantes que trabajan legalmente en España cotizan a los sistemas de Seguridad Social y de pensiones. El hecho de que perciban los derechos vinculados a estas cotizaciones es simplemente de justicia, ¡al menos si se acepta la idea de que España es un Estado de derecho que rechaza la esclavitud! Por otro lado, resulta evidente que su contribución al sistema de pensiones favorece ante todo a los españoles y supone una ayuda decisiva para el mantenimiento de las mismas. Aquí, la aportación de los inmigrantes es un beneficio absoluto para España. En efecto, la contribución de las nuevas generaciones a la jubilación de las anteriores se ve compensada por el hecho de que estas últimas han cotizado para la formación, la educación y el nivel de vida de las jóvenes generaciones. Pero los inmigrantes vienen del extranjero, ya son adultos y el coste de su educación ha sido soportado enteramente por su país de origen, por muy pobre que sea. Representan, por lo tanto, un beneficio neto para el contribuyente español y una pérdida completa para el país de origen. No es casualidad que el debate actual sobre la jubilación en Europa también gire alrededor de la cuestión de saber si hay que 'importar' o no trabajadores extranjeros para cubrir la tendencia a la baja del crecimiento demográfico y, de esta manera, mantener un ni vel de vida decente de cara a la jubilación. Lo que es muy probable es que Europa necesite hacer venir a decenas de millones de trabajadores jóvenes para hacer frente a este desafío. Ningún responsable político serio se atreverá a creer que en Europa los fondos privados de pensiones y el ahorro salarial pueden sustituir, de forma significativa, a la jubilación por reparto. Por último, es cierto que los inmigrantes que trabajan en la clandestinidad no cotizan, pero tampoco disfrutan de protección social. No están en modo alguno a cargo de la sociedad, lo que, por otro lado, es un insulto para el respeto mínimo de los derechos humanos. Conocemos la situación dramática de los trabajadores clandestinos del sur de España: les es casi imposible disponer de un techo, y en cuanto a solicitar tratamiento, se arriesgan a ser expulsados. Ni siquiera se benefician del derecho de 'asistencia a la persona en peligro'. Es una situación escandalosa. El que los inmigrantes sobreexplotados y mantenidos conscientemente en la ilegalidad ni siquiera tengan el derecho a manifestarse, a hacer huelga, sitúa a España, con su Ley de Extranjería, muy por detrás de los demás países europeos en materia del respeto de los derechos.
4. La riqueza de España provoca un 'efecto de llamada' en los países pobres.No es tanto el desarrollo de España como la importancia de su sector informal lo que provoca este efecto, aunque exista realmente. Evitar la complejidad de los trámites administrativos, esquivar un eventual rechazo, saber que se puede, con toda seguridad, encontrar un trabajo aunque sea con unas condiciones espantosas, éste es el efecto de llamada más poderoso que pueda existir. Al final de todo ello está la esperanza de integrarse en la sociedad española en unas condiciones mejores, o sencillamente ganar el dinero suficiente para regresar a su país al final de su estancia. Existen pocos datos a este respecto, pero a comienzos de los años noventa se calculaba que dos tercios de los inmigrantes procedentes del Tercer Mundo trabajaban en la economía sumergida. El sector informal alimenta la clandestinidad, los fantasmas sobre la inmigración y, al final de la cadena, fomenta el racismo. Para aclarar la relación de la sociedad española con la inmigración es necesario que España acepte luchar contra su propia economía informal, aunque sólo sea para no quebrantar el derecho de gentes. También resulta evidente que este sector entra en profunda contradicción con el resto de la economía legal española y con el resto de las normas europeas: esta forma de empleo se asemeja a la competencia desleal.
5. La inmigración 'amenaza' con alterar la identidad de España.Toda sociedad tiende naturalmente a defender su identidad. Es legítimo. Pero hay que subrayar de entrada que una identidad cerrada no existe en ninguna parte, nunca ha existido y nunca existirá. Cuando la sociedad es muy rígida, siempre es contestada por una infinita variedad de desviaciones internas; cuando se repliega totalmente, se ve amenazada con perder su relación con la realidad: es el caso de las sectas. Dicho de otro modo, la permanencia de la identidad es exactamente lo opuesto al repliegue de la identidad: es la apertura necesaria a las aportaciones exteriores, aunque sólo sea para adaptarse a sí misma.En el caso de la inmigración, es precisamente ella la que debe adaptarse a la sociedad. Al ser unos individuos aislados, los inmigrantes entran en contacto con una sociedad culturalmente estructurada, infinitamente más fuerte que ellos y que sienten que modificará su propia identidad cultural. La necesidad de aprender la lengua y la aceptación pasiva de las costumbres de la sociedad de acogida modifican su forma de pensar y su comportamiento. No tienen otra elección salvo adaptarse. Naturalmente, esta integración se articula en torno al modelo cultural y antropológico dominante en la sociedad de acogida. En el caso de las sociedades en las que las relaciones se rigen por pautas étnicas, como en Estados Unidos o en Gran Bretaña, esta adaptación reviste el aspecto de reagrupamientos comunitaristas que establecen las pertenencias según la diferenciación de origen. Uno puede ser descendiente de varias generaciones nacidas en Nueva York, pero sigue siendo 'de origen' chicano o italiano. En otros casos, más corrientes en Europa, donde la tradición universalista pretende, al menos formalmente, someter el origen a la igualdad ciudadana, esta integración se realiza, paradójicamente, de forma más dolorosa y al mismo tiempo más radical. La exigencia de asimilación es más fuerte, por lo tanto, más difícil de soportar para las primeras generaciones de emigrantes; el acceso a la igualdad es más rápido, por lo tanto, con más posibilidades de provocar una identificación más completa del emigrante con la sociedad de acogida. Pero, tanto en Estados Unidos como en Europa, la adaptación se produce siempre, aunque sea tras numerosas dificultades y tras varias generaciones.Sólo se logrará plenamente si es progresiva, sin violencia, respetuosa de las singularidades y basada en unas obligaciones sociales a las que correspondan unos derechos reales.Para favorecer las migraciones del futuro, España puede, sin duda alguna, mirar hacia Latinoamérica, bajo el pretexto de que se trata de poblaciones que hablan el castellano y que son además (no se dice claramente, pero nadie se lleva a engaño) cristianas. Es una actitud ciega: porque la demanda migratoria proviene ante todo de África y del Magreb. Lo quiera o no, España recibirá a poblaciones del sur del Mediterráneo. Así pues, en vez de construir falsos muros, de proferir discursos xenófobos sobre la 'ausencia' de 'proximidad' cultural de las gentes del Sur, sería mejor que los responsables políticos miraran la realidad de frente.Estas falsas ideas sobre la inmigración alimentan un círculo perverso: se justifica la marginalización de la víctima propiciatoria mediante la creación continua del chivo expiatorio. Es grave, porque rebajar demagógicamente el debate sobre el control de los flujos migratorios conduce siempre a un debilitamiento de la democracia.
SAMI NAÏREurodiputado y profesor invitado de la Universidad Carlos III de Madridlibros publicados: * La inmigración explicada a mi hija, Sami Nair* Y vendrán... las migraciones en tiempos hostiles, Sami Naïr* Del nacionalismo Árabe al Islamismo, Sami Naïr
jueves, 5 de febrero de 2009
Mentiras sin fronteras
Un interesante artículo de Olga Sanmartín desmiente los principales tópicos sobre inmigración y crísis económica.
Leer el artículo completo.
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miércoles, 14 de enero de 2009
Los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles y bajan los sueldos
Este lugar común podría encontrar su base teórica en la “hipótesis de la expulsión de las cohortes” según la cual el aumento de la población juvenil es directamente proporcional a la tasa de desempleo y indirectamente proporcional a los sueldos[1]. En realidad los extranjeros, lejos de representar una amenaza a la ocupación de los españoles, en su mayoría ocupan los espacios profesionales no ocupados por los autóctonos (efecto complementariedad). España necesita mano de obra poco cualificada para sus sectores de baja productividad, y necesita, igualmente, trabajadores con niveles altos de calificación.
« Los países del sur de Europa se caracterizan por tener estructuras económicas en la que pesan más los sectores que en nuestros días demandan más trabajo inmigrante, como la agricultura intensiva, el turismo o los servicios personales; y por tener sectores informales o economías sumergidas más extensas. »[2]. España necesita mano de obra extranjera, ya sea por razones demográficas como por los desajustes del mercado de trabajo nacional. El progresivo envejecimiento de la población española hará imposible sostener en futuro el estado de bienestar actual. Además el mercado laboral español, como explican Roques y De Cos, es capaz de absorber un contingente de trabajadores extranjeros de 150–200.000 empleados al año.
Son dos las consecuencias principales que los estudiosos individúan:
Los inmigrantes extranjeros compensan un importante déficit de mano de obra del mercado español. Se trata de los servicios personales, los servicios no cualificados, como en la agricultura y en la construcción, todos sectores que no pueden deslocalizarse. La emigración extranjera, según algunos sociólogos, permitiría a los españoles iniciar « procesos de movilidad ascendentes en las escalas laborales o desarrollar procesos de formación más largos y de mayor especialización »[3]
Aunque la mayoría de los autores subrayen la necesidad de mano de obra de bajo perfil profesional, en realidad España no necesita solo manos, sino también cerebros. Sectores que hoy en día son vitales para el desarrollo económico, como el de la informática y el de las telecomunicaciones pueden ver frenado sus crecimientos por falta de trabajadores altamente cualificados. El sociólogo L. Abad Márquez prevé que en los próximos años el déficit de trabajadores en estos sectores será en torno a los 700.000 empleados. De todos modos hay que notar que, aunque España necesite trabajadores altamente cualificados, en realidad el sistema de acceso es tan restrictivo, en particular para algunas zonas de origen, que la mayoría de los extranjeros ocupan trabajos poco cualificados, aún cuando estén altamente preparados. Habría, por esto, que repensar el sistema de acceso y de superación, porque además de ser injusto hacia los inmigrantes, es fuertemente antieconómico al no capitalizar la formación de los inmigrantes.
Sin embargo el carácter imprescindible de los trabajadores inmigrantes es poco valorado en general, porque no ocupan sectores centrales de la economía, porque existe una fuerte « disociación entre la apropiación privada de los beneficios derivados del trabajo inmigrante y la financiación pública de los costes con ella relacionado »[4].
En lo que respecta a los salarios es importante recordar que no son los empleados extranjeros que deciden el sueldo, sino los patrones españoles. Todavía no he tenido la ocasión de conocer a un trabajador inmigrante que haya pedido a su jefe de bajarle el sueldo para ser más competitivo.
Finalmente, y según el balance del mercado del trabajo, pese al aumento de población activa el porcentaje de desocupados cada vez desciende más. Se puede concluir que “no hay un efecto significativo de la inmigración sobre las tasas de empleo de los trabajadores nacionales. La elasticidad estimada correspondiente se encuentra en torno a –0,17, cuando consideramos únicamente a los inmigrantes legales, y no es significativa cuando consideramos tanto a los inmigrantes legales como a los irregulares”[5].
[1] Cfr. "Tamaño de la población y desempleo juvenil: un análisis con datos agregados". Documento de Economía CIEF Nº 7
[2] J.Arango, Globalización e inmigración, http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/garrido2.pdf
[3] P.Roques, O.De Cos, De lo global a lo local: repercusiones geodemográficas de la inmigración en España, Economistas, 2004 ENE; XXII (99)
[4] J.Arango, Globalización e inmigración, http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/garrido2.pdf
[5] R.Carrasco Perea, J.F. Jimeno Serrano y A.C Ortega Masagué, El efecto de la inmigración en las oportunidades de empleo de los trabajadores nacionales, Fundación BBVA, 2006.
« Los países del sur de Europa se caracterizan por tener estructuras económicas en la que pesan más los sectores que en nuestros días demandan más trabajo inmigrante, como la agricultura intensiva, el turismo o los servicios personales; y por tener sectores informales o economías sumergidas más extensas. »[2]. España necesita mano de obra extranjera, ya sea por razones demográficas como por los desajustes del mercado de trabajo nacional. El progresivo envejecimiento de la población española hará imposible sostener en futuro el estado de bienestar actual. Además el mercado laboral español, como explican Roques y De Cos, es capaz de absorber un contingente de trabajadores extranjeros de 150–200.000 empleados al año.
Son dos las consecuencias principales que los estudiosos individúan:
Los inmigrantes extranjeros compensan un importante déficit de mano de obra del mercado español. Se trata de los servicios personales, los servicios no cualificados, como en la agricultura y en la construcción, todos sectores que no pueden deslocalizarse. La emigración extranjera, según algunos sociólogos, permitiría a los españoles iniciar « procesos de movilidad ascendentes en las escalas laborales o desarrollar procesos de formación más largos y de mayor especialización »[3]
Aunque la mayoría de los autores subrayen la necesidad de mano de obra de bajo perfil profesional, en realidad España no necesita solo manos, sino también cerebros. Sectores que hoy en día son vitales para el desarrollo económico, como el de la informática y el de las telecomunicaciones pueden ver frenado sus crecimientos por falta de trabajadores altamente cualificados. El sociólogo L. Abad Márquez prevé que en los próximos años el déficit de trabajadores en estos sectores será en torno a los 700.000 empleados. De todos modos hay que notar que, aunque España necesite trabajadores altamente cualificados, en realidad el sistema de acceso es tan restrictivo, en particular para algunas zonas de origen, que la mayoría de los extranjeros ocupan trabajos poco cualificados, aún cuando estén altamente preparados. Habría, por esto, que repensar el sistema de acceso y de superación, porque además de ser injusto hacia los inmigrantes, es fuertemente antieconómico al no capitalizar la formación de los inmigrantes.
Sin embargo el carácter imprescindible de los trabajadores inmigrantes es poco valorado en general, porque no ocupan sectores centrales de la economía, porque existe una fuerte « disociación entre la apropiación privada de los beneficios derivados del trabajo inmigrante y la financiación pública de los costes con ella relacionado »[4].
En lo que respecta a los salarios es importante recordar que no son los empleados extranjeros que deciden el sueldo, sino los patrones españoles. Todavía no he tenido la ocasión de conocer a un trabajador inmigrante que haya pedido a su jefe de bajarle el sueldo para ser más competitivo.
Finalmente, y según el balance del mercado del trabajo, pese al aumento de población activa el porcentaje de desocupados cada vez desciende más. Se puede concluir que “no hay un efecto significativo de la inmigración sobre las tasas de empleo de los trabajadores nacionales. La elasticidad estimada correspondiente se encuentra en torno a –0,17, cuando consideramos únicamente a los inmigrantes legales, y no es significativa cuando consideramos tanto a los inmigrantes legales como a los irregulares”[5].
[1] Cfr. "Tamaño de la población y desempleo juvenil: un análisis con datos agregados". Documento de Economía CIEF Nº 7
[2] J.Arango, Globalización e inmigración, http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/garrido2.pdf
[3] P.Roques, O.De Cos, De lo global a lo local: repercusiones geodemográficas de la inmigración en España, Economistas, 2004 ENE; XXII (99)
[4] J.Arango, Globalización e inmigración, http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/garrido2.pdf
[5] R.Carrasco Perea, J.F. Jimeno Serrano y A.C Ortega Masagué, El efecto de la inmigración en las oportunidades de empleo de los trabajadores nacionales, Fundación BBVA, 2006.
Las extranjeras tienen demasiados hijos y esto pesará tarde o temprano en el sistema sanitario y educativo.
Este temor no tiene fundamentos demográficos. Las madres extranjeras en realidad no tienen « demasiados » hijos, al contrario se caracterizan por una “fecundidad templada”, “ni exagerada por abajo como la española ni hacia arriba como los prejuicios imaginan[1]”.
Los datos que tenemos para estudiar la contribución de las madres extranjera a la fecundidad total de España datan desde 1996, cuando en los boletines se introduce la pregunta correspondiente a la natalidad.
Las mujeres inmigrantes tienen un índice sintético de fecundidad[2] mayor que las españolas, pero se trata de un fenómeno positivo porque contribuye a limitar el descenso de la tasa de fecundidad española. A partir del año 2000 el incremento de los nacidos se debe casi en exclusividad a las extranjeras. El aumento abarca todas las edades en diferentes intensidades. Hay siempre que hablar en plural porque no existe un patrón común: el calendario de la fecundidad y la composición difieren entre las distintas nacionalidades. Por otra parte, no se puede hablar de aportación general de las extranjeras, porque son solo algunos colectivos los que efectivamente contribuyen, además de que existen también fuertes diferencias locales. Como nota Beatriz León Salas, “estamos siendo protagonistas del llamado Sistema Complejo de Reproducción, en el que la contribución migratoria pasa a ser el núcleo central del crecimiento de la población y de la dinámica demográfica en general”, según la autora sin inmigración el crecimiento se aproximaría a cero[3].
¿Las madres extranjeras son la solución a la crisis de fecundidad de la sociedad española? Según los datos parece que no. El peso de la fecundidad de las madres extranjeras es todavía limitado en el conjunto de la población. « Aunque el volumen que adquieren los alumbramientos de madre extranjera haya tomado la senda del crecimiento y su peso en el conjunto también vaya en aumento, lo cierto es que la huella que deja la natalidad extranjera en la tasa bruta de natalidad total en el país es todavía poco profunda[4] ». En 2001 el índice sintético de fecundidad total era de 1.24, el índice de las españolas 1.21, así, el aporte de las extranjeras era de solo tres décimas[5]. Además, simulando las cifras, si nos pusiésemos como objetivo una tasa de 2.1 hijos (cifra necesaria para el reemplazo generacional) y dejando constante la aportación de las españolas en 2001, el índice sintético tendría que alcanzar unos 20.2 hijos por cada madre extranjera. Finalmente, según Delgado y Zamora, después de una primera fase prometedora desde el punto de vista de la fecundidad, las extranjeras volverían a una situación pre-inmigratoria de baja fecundidad, asemejándose a la conducta española.
Aparte de estos datos, hay que subrayar, que una buena parte del colectivo inmigrante extranjero contribuye indirectamente a la fecundidad española: es el caso de las personas que trabajan en el servicio domestico, que con su labor mejoran las condiciones de vida de las madres españolas permitiendo una mayor compatibilidad entre trabajo y hogar.
Probablemente la solución de los problemas demográficos españoles no pasa por la inmigración, sino por un cambio político y social. En primer lugar porque hemos ya visto que la inmigración tiene un impacto moderado y en segundo lugar porque se trata de una variable extremadamente inconstante. Como notan Izquierdo Escribano y López de Lera, las conductas demográficas de la población extranjera son difícilmente prevenibles. La decisión de tener hijos depende de los recursos, de la estabilidad percibida y real, del contexto socioeconómico. El pronóstico es incierto porque los extranjeros muchas veces no gozan de las seguridades legales, económicas y sociales del estado de bienestar y la legislación vigente dificulta todos los índices de estabilidad, como lo son la residencia, la fecundidad y los matrimonios mixtos. Las posibles soluciones a la crisis de fecundidad pasan por la creación de políticas que no discriminen a las mujeres, por la elaboración estrategias de inserción de las mujeres en el trabajo más flexibles y sensibles a la doble necesidad de realización profesional y de papel de madre, y por una nueva cultura de la paternidad[6]. Los datos europeos nos muestran que no es el hecho que las mujeres trabajen la causa de la caída de la natalidad, sino la organización de los trabajos que desempeñan las mujeres[7].
[1] P.Roques, O.De Cos, De lo global a lo local: repercusiones geodemográficas de la inmigración en España, II Economistas, 2004 ENE; XXII (99)
[2] Índice sintético de fecundidad: (llamado también indicador coyuntural anual de fecundidad o número medio de hijos por mujer) permite combinar las distintas tasas de fecundidad específica por edad en un único resultado. Expresa el número de hijos que tendría una mujer hipotética al final de su vida fecunda, si a lo largo de dicha vida fecunda su comportamiento fuera el mismo que el que refleja la serie de tasas específicas de fecundidad por edad. Implica evaluar una serie de hijos por mujer y mide el nivel de recambio generacional. Viene expresado por mujer. Cfr. http://www.caib.es/ibae/demo/ide/mecas.htm
[3] B.León Salas, El nuevo orden demográfico y sus implicaciones socioeconómicas, http://www.fedea.es/pub/eee/eee165.pdf
[4] A.Izqierdo Escribano y D.López De Lera, El rastro demográfico de la inmigración en España: 1996-2002, Economistas, 2004 ENE; XXII (99)
[5] Cfr. Cuadro II en M. Delgado y F.Zamora, Españolas y extranjeras: su aportación a la fecundidad en España. Economistas, 2004 ENE; XXII (99)
[6] Como notaba C.Pedrera, en una entrevista de la Universidad de Castilla La Mancha, las mujeres han salido de las casas para trabajar, pero los hombres no han entrado.
[7] « Bien al contrario de lo que se supuso durante mucho tiempo, no es la incorporación de la mujer al trabajo lo que las retrae a la hora de tener hijos. Es significativo que aquellos países de la Unión que presentan las más bajas tasas de ocupación femenina sean también los que ofrecen las tasas de fecundidad más bajas. » L. Abad Márquez, Globalización, demografía y migraciones, Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales, ISSN 1133-6706, Nº 16, 2000 , pags. 57-70.
Los datos que tenemos para estudiar la contribución de las madres extranjera a la fecundidad total de España datan desde 1996, cuando en los boletines se introduce la pregunta correspondiente a la natalidad.
Las mujeres inmigrantes tienen un índice sintético de fecundidad[2] mayor que las españolas, pero se trata de un fenómeno positivo porque contribuye a limitar el descenso de la tasa de fecundidad española. A partir del año 2000 el incremento de los nacidos se debe casi en exclusividad a las extranjeras. El aumento abarca todas las edades en diferentes intensidades. Hay siempre que hablar en plural porque no existe un patrón común: el calendario de la fecundidad y la composición difieren entre las distintas nacionalidades. Por otra parte, no se puede hablar de aportación general de las extranjeras, porque son solo algunos colectivos los que efectivamente contribuyen, además de que existen también fuertes diferencias locales. Como nota Beatriz León Salas, “estamos siendo protagonistas del llamado Sistema Complejo de Reproducción, en el que la contribución migratoria pasa a ser el núcleo central del crecimiento de la población y de la dinámica demográfica en general”, según la autora sin inmigración el crecimiento se aproximaría a cero[3].
¿Las madres extranjeras son la solución a la crisis de fecundidad de la sociedad española? Según los datos parece que no. El peso de la fecundidad de las madres extranjeras es todavía limitado en el conjunto de la población. « Aunque el volumen que adquieren los alumbramientos de madre extranjera haya tomado la senda del crecimiento y su peso en el conjunto también vaya en aumento, lo cierto es que la huella que deja la natalidad extranjera en la tasa bruta de natalidad total en el país es todavía poco profunda[4] ». En 2001 el índice sintético de fecundidad total era de 1.24, el índice de las españolas 1.21, así, el aporte de las extranjeras era de solo tres décimas[5]. Además, simulando las cifras, si nos pusiésemos como objetivo una tasa de 2.1 hijos (cifra necesaria para el reemplazo generacional) y dejando constante la aportación de las españolas en 2001, el índice sintético tendría que alcanzar unos 20.2 hijos por cada madre extranjera. Finalmente, según Delgado y Zamora, después de una primera fase prometedora desde el punto de vista de la fecundidad, las extranjeras volverían a una situación pre-inmigratoria de baja fecundidad, asemejándose a la conducta española.
Aparte de estos datos, hay que subrayar, que una buena parte del colectivo inmigrante extranjero contribuye indirectamente a la fecundidad española: es el caso de las personas que trabajan en el servicio domestico, que con su labor mejoran las condiciones de vida de las madres españolas permitiendo una mayor compatibilidad entre trabajo y hogar.
Probablemente la solución de los problemas demográficos españoles no pasa por la inmigración, sino por un cambio político y social. En primer lugar porque hemos ya visto que la inmigración tiene un impacto moderado y en segundo lugar porque se trata de una variable extremadamente inconstante. Como notan Izquierdo Escribano y López de Lera, las conductas demográficas de la población extranjera son difícilmente prevenibles. La decisión de tener hijos depende de los recursos, de la estabilidad percibida y real, del contexto socioeconómico. El pronóstico es incierto porque los extranjeros muchas veces no gozan de las seguridades legales, económicas y sociales del estado de bienestar y la legislación vigente dificulta todos los índices de estabilidad, como lo son la residencia, la fecundidad y los matrimonios mixtos. Las posibles soluciones a la crisis de fecundidad pasan por la creación de políticas que no discriminen a las mujeres, por la elaboración estrategias de inserción de las mujeres en el trabajo más flexibles y sensibles a la doble necesidad de realización profesional y de papel de madre, y por una nueva cultura de la paternidad[6]. Los datos europeos nos muestran que no es el hecho que las mujeres trabajen la causa de la caída de la natalidad, sino la organización de los trabajos que desempeñan las mujeres[7].
[1] P.Roques, O.De Cos, De lo global a lo local: repercusiones geodemográficas de la inmigración en España, II Economistas, 2004 ENE; XXII (99)
[2] Índice sintético de fecundidad: (llamado también indicador coyuntural anual de fecundidad o número medio de hijos por mujer) permite combinar las distintas tasas de fecundidad específica por edad en un único resultado. Expresa el número de hijos que tendría una mujer hipotética al final de su vida fecunda, si a lo largo de dicha vida fecunda su comportamiento fuera el mismo que el que refleja la serie de tasas específicas de fecundidad por edad. Implica evaluar una serie de hijos por mujer y mide el nivel de recambio generacional. Viene expresado por mujer. Cfr. http://www.caib.es/ibae/demo/ide/mecas.htm
[3] B.León Salas, El nuevo orden demográfico y sus implicaciones socioeconómicas, http://www.fedea.es/pub/eee/eee165.pdf
[4] A.Izqierdo Escribano y D.López De Lera, El rastro demográfico de la inmigración en España: 1996-2002, Economistas, 2004 ENE; XXII (99)
[5] Cfr. Cuadro II en M. Delgado y F.Zamora, Españolas y extranjeras: su aportación a la fecundidad en España. Economistas, 2004 ENE; XXII (99)
[6] Como notaba C.Pedrera, en una entrevista de la Universidad de Castilla La Mancha, las mujeres han salido de las casas para trabajar, pero los hombres no han entrado.
[7] « Bien al contrario de lo que se supuso durante mucho tiempo, no es la incorporación de la mujer al trabajo lo que las retrae a la hora de tener hijos. Es significativo que aquellos países de la Unión que presentan las más bajas tasas de ocupación femenina sean también los que ofrecen las tasas de fecundidad más bajas. » L. Abad Márquez, Globalización, demografía y migraciones, Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales, ISSN 1133-6706, Nº 16, 2000 , pags. 57-70.
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