Reproducimos un artículo cuyo titular es un ejemplo paradigmático de la retórica del miedo, de superficialidad y de la construcción social de la alarma social.
Canarias se encuentra al borde del colapso por la inmigración de menores
La nueva Ley de Extranjería intentará paliar la difícil situación de las Islas
08/07/2009 18:09
Por Miguel Canalda
Las organizaciones humanitarias aseguran que cada vez aparecen menos cayucos ante las costas canarias, pero los que lo hacen van abarrotados de adolescentes. Ante la llegada de una de estas embarcaciones, la Cruz Roja realiza un reconocimiento óseo a cada individuo para determinar su edad. Si parece tener más de 18 años, pasa a disposición del Estado, si no, se convierte en competencia de la Comunidad Autónoma.Lejos de esas playas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el pasado 26 de junio la reforma de la Ley de Extranjería y poco tiempo después el vicepresidente del Gobierno canario, José Manuel Soria, manifestó en una entrevista a Ep su desacuerdo con el proyecto porque piensa que las mafias conocen nuestra legislación lo suficiente como para destapar los vacíos legales, que en esta ocasión se centran en los adolescentes. Lo cierto es que la situación en Canarias es abrumadora, ya que tal y como refirió el vicepresidente, actualmente hay más de 1.000 menores en los centros de acogida, cuando la capacidad máxima es de 250.Sin embargo, la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias (Mpdlc) afirma que, aunque en el último semestre la llegada de inmigrantes menores de edad ha descendido un 60%, es posible un aumento en los próximos meses. José Antonio Díaz, presidente de la ONG, opina que la reforma de ley contiene elementos positivos -"los acuerdos de colaboración con países de origen para la prevención de la inmigración irregular"- el problema subyace en si al final se aplicará. Díaz se muestra escéptico y prevé que en un año de crisis “siempre se mete la tijera a los presupuestos destinados a la cooperación”.Aunque la premisa de la que parte Soria de que “la legislación no permite la repatriación [de los menores no acompañados]" no es del todo cierta, porque en el artículo 35 se establece que ni siquiera una autorización de residencia será obstáculo para devolver a los chicos a su país de origen, resulta que la realidad no es tan sencilla.Cómo actuarTal y como apunta Díaz, “las condiciones para conocer el origen de los menores es difícil”, lo que provoca que, de facto, se queden en España. La solución al problema, según la ONG, pasa por que el menor conviva en los centros en las mejores condiciones posibles, lo que puede suponer un efecto llamada para futuros jóvenes con aspiraciones a llegar a Europa. Para Díaz, la apuesta, aunque arriesgada, merece la pena: “Ante todo, debe prevalecer la condición de menor frente a la de inmigrante”, afirma.Las organizaciones ilegales que controlan el tránsito de inmigrantes saben que la repatriación de los menores es más difícil que la de los adultosTeresa García, abogada de menores especializada en inmigración, asegura que la situación en Canarias es “caótica” y que el Gobierno autonómico se ha mostrado ineficaz.También considera que la reforma de la Ley de Extranjería aprobada por el Ejecutivo contiene algunos pasajes oscuros, sobre todo en lo que se refiere a los convenios bilaterales entre España y los países emisores. García explica que en estos casos las garantías de los derechos del menor brillan por su ausencia y que “se puede repatriar sin conocer el paradero de la familia a unos centros creados ex profeso en países como Senegal, Malí o Marruecos”. También recomienda más transparencia cuando se realicen los traspasos de los chicos a centros peninsulares.Palabra de políticoZapatero, en su reunión de la semana pasada con Paulino Rivero, presidente del Gobierno canario, se interesó por la difícil situación de las islas, con vistas al nuevo acuerdo de financiación autonómica que se votará el próximo 15 de julio. El presidente del Gobierno prometió una nueva Ley del Menor que permitirá el traspaso de jóvenes inmigrantes a otras comunidades autónomas bajo la tutela de éstas. La medida solucionaría el coste que le supone a Canarias el sustento de los menores en centros especializados incluso cuando son enviados a la península. Sin embargo, Soria va más allá y plantea que el Gobierno canario aceptaría la devolución de esta competencia al Gobierno central si no se plantean soluciones.Las ONG piden que en estos casos prevalezca la condición de menor de edad frente a la de inmigrante ilegal a la hora de tomar decisiones jurídicasPor su parte, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, considera que la contratación laboral en origen puede suponer el freno necesario de la inmigración ilegal. Lástima que la realidad tenga tantas aristas: el problema reside en que las condiciones que se requieren para este tipo de contratos no alcanzan a las zonas más empobrecidas de los países emigrantes, por lo que, al final, la población desesperada prefiere asumir el altísimo riesgo que conlleva la patera.
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