Esta semana se han conocido los últimos datos sobre llegada de inmigrantes sin autorización administrativa a España y a Canarias durante el pasado año. En concreto, según los datos del Ministerio del Interior, 9.181 personas llegaron a las islas en cayuco y patera a lo largo del pasado año, un descenso del 26,4% respecto a 2007 y una reducción del 71% desde 2006.
Todos los inmigrantes que llegan por esta vía a Canarias son sometidos a distintos controles sanitarios, entre ellos varios tests (de sida, hepatitis, tuberculosis y sífilis). Según los estudios médicos realizados, la supuesta presencia de inmigrantes con enfermedades contagiosas es un bulo, que se ha desmontado por la tozudez de los datos. Y los que consiguen llegar no sólo están sanos, sino que tampoco colapsan los servicios sanitarios, matriz de opinión que también se pretende imponer.
La construcción ideológica del racismo clásico no sólo se realiza de forma directa, llamando a una población a expulsar a otra, a configurar socialmente a un colectivo como enemigo de la población autóctona o local, sino también mediante sutilezas informativas, de forma indirecta.
Si tomamos los datos del ISTAC sobre entrada de personas con origen en aeropuertos extranjeros en 2007, son 9 millones de personas procedentes de Europa que han llegado a Canarias, en su mayoría en viaje de turismo, donde han consumido miles de litros de agua (se calcula un consumo de 30 litros/día/turista), han empleado miles de kilowatios de energía eléctrica, han recorrido centenares de kilómetros en vehículos privados o de transporte colectivo, han utilizado el Servicio Canario de Salud, han producido miles de kilos de basura, etc…con todo su impacto sobre el territorio, el medio ambiente y la población.
Si se suman los datos de entrada de pasajeros a través de los aeropuertos canarios procedentes de aeropuertos extranjeros entre 2003 y 2007, ambos inclusive, se alcanza la increíble cifra de casi 48 millones de personas (47.395.707), según los mismos datos del ISTAC.
A esas 47.395.707 personas que han llegado a través de los aeropuertos no sólo no se les ha sometido a ningún control sanitario (test de tuberculosis, VIH, etc.) como se hace con los pocos miles de inmigrantes que han llegado en cayuco en el mismo período, sino que se les ha abierto las puertas y se les ha invitado a consumir (de todo), desde el territorio hasta alcohol, tabaco y sexo, asociados al tradicional turismo de sol y playa, pasando por el agua y la electricidad.
Es decir, que si se titula en primera página de un periódico de gran tirada que por primera vez se va someter a un test a los inmigrantes que llegan en cayuco para determinar si están enfermos de tuberculosis, es evidente que la población local percibirá como potencial amenaza a quienes llegan en patera, a quienes se presenta como apestados, como en su tiempo fueron los leprosos, como probables o hipotéticos transmisores de enfermedades contagiosas que hay que mantener en cuarentena.
Llama la atención, en la ‘información’ que El Día llevó a su primera página el pasado 19 de diciembre de 2008, que se diga, además, que se les hará el test de tuberculosis ‘por primera vez’, cuando por los estudios médicos realizados y publicados por el Gobierno de Canarias queda claro que se han realizado siempre. Lo real de esa información, en todo caso, es que se trata de un nuevo test que no existe en el mercado español, y que una entidad financiera, Inversis, lo trae a Tenerife desde Inglaterra, al precio de 6 euros por prueba, y que detecta la tuberculina en quince minutos. Nada más. Y que se lo han ofrecido al Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, cuyo director, a su vez, se lo ha tratado de vender al subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para su aplicación a las personas que vienen en patera o cayuco.
Es evidente que 30.000 personas es un colectivo mucho más fácil de controlar que 47 millones y que 10.000 personas son más fáciles de supervisar en centros, como se hace con los inmigrantes que llegan en patera o cayuco, que los 9 millones de personas que llegan cada año a pasar unos días o semanas a Canarias. También es evidente que entre esos 9 millones de personas que nos visitan hay más probabilidades (es una mera cuestión estadística) que porten alguna enfemedad (VIH, gonorrea u otras enfermedades venéreas, tuberculosis, gripe, etc.). Y, sin embargo, es evidente que no pasan ningún control.
El racismo es, sobre todo, una cuestión de clase social. Se es racista con los más pobres, porque un turista que viene a Canarias (aunque apenas pueda gastar nada en las islas) tiene otro estatus y ni siquiera es sospechoso de portar enfermedad alguna en su sangre. De ahí que nunca veremos un titular como el siguiente: ‘Se hará la prueba de tuberculosis, SIDA, sífilis y hepatitis, por primera vez, a los 9 millones de turistas que vienen a Canarias’. Se consideraría un trato absolutamente indigno.
Por supuesto, es lógico que a las personas que llegan en cayuco se les someta a un control sanitario, pues está claro que llegan en condiciones penosas después de una larga travesía. Lo que no es tan lógico es que un periódico los convierta en apestados sospechosos de extender una pandemia. Bastaba sólo que contrastaran la información con el Servicio Canario de Salud. La intencionalidad de esta desinformación está clara y responde sin ninguna duda a la criminalización del fenómeno migratorio que caracteriza la línea editorial del periódico. Otra cosa distinta es que algunos redactores se sumen a esta cacería del inmigrante.
Todos los inmigrantes que llegan por esta vía a Canarias son sometidos a distintos controles sanitarios, entre ellos varios tests (de sida, hepatitis, tuberculosis y sífilis). Según los estudios médicos realizados, la supuesta presencia de inmigrantes con enfermedades contagiosas es un bulo, que se ha desmontado por la tozudez de los datos. Y los que consiguen llegar no sólo están sanos, sino que tampoco colapsan los servicios sanitarios, matriz de opinión que también se pretende imponer.
La construcción ideológica del racismo clásico no sólo se realiza de forma directa, llamando a una población a expulsar a otra, a configurar socialmente a un colectivo como enemigo de la población autóctona o local, sino también mediante sutilezas informativas, de forma indirecta.
Si tomamos los datos del ISTAC sobre entrada de personas con origen en aeropuertos extranjeros en 2007, son 9 millones de personas procedentes de Europa que han llegado a Canarias, en su mayoría en viaje de turismo, donde han consumido miles de litros de agua (se calcula un consumo de 30 litros/día/turista), han empleado miles de kilowatios de energía eléctrica, han recorrido centenares de kilómetros en vehículos privados o de transporte colectivo, han utilizado el Servicio Canario de Salud, han producido miles de kilos de basura, etc…con todo su impacto sobre el territorio, el medio ambiente y la población.
Si se suman los datos de entrada de pasajeros a través de los aeropuertos canarios procedentes de aeropuertos extranjeros entre 2003 y 2007, ambos inclusive, se alcanza la increíble cifra de casi 48 millones de personas (47.395.707), según los mismos datos del ISTAC.
A esas 47.395.707 personas que han llegado a través de los aeropuertos no sólo no se les ha sometido a ningún control sanitario (test de tuberculosis, VIH, etc.) como se hace con los pocos miles de inmigrantes que han llegado en cayuco en el mismo período, sino que se les ha abierto las puertas y se les ha invitado a consumir (de todo), desde el territorio hasta alcohol, tabaco y sexo, asociados al tradicional turismo de sol y playa, pasando por el agua y la electricidad.
Es decir, que si se titula en primera página de un periódico de gran tirada que por primera vez se va someter a un test a los inmigrantes que llegan en cayuco para determinar si están enfermos de tuberculosis, es evidente que la población local percibirá como potencial amenaza a quienes llegan en patera, a quienes se presenta como apestados, como en su tiempo fueron los leprosos, como probables o hipotéticos transmisores de enfermedades contagiosas que hay que mantener en cuarentena.
Llama la atención, en la ‘información’ que El Día llevó a su primera página el pasado 19 de diciembre de 2008, que se diga, además, que se les hará el test de tuberculosis ‘por primera vez’, cuando por los estudios médicos realizados y publicados por el Gobierno de Canarias queda claro que se han realizado siempre. Lo real de esa información, en todo caso, es que se trata de un nuevo test que no existe en el mercado español, y que una entidad financiera, Inversis, lo trae a Tenerife desde Inglaterra, al precio de 6 euros por prueba, y que detecta la tuberculina en quince minutos. Nada más. Y que se lo han ofrecido al Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, cuyo director, a su vez, se lo ha tratado de vender al subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para su aplicación a las personas que vienen en patera o cayuco.
Es evidente que 30.000 personas es un colectivo mucho más fácil de controlar que 47 millones y que 10.000 personas son más fáciles de supervisar en centros, como se hace con los inmigrantes que llegan en patera o cayuco, que los 9 millones de personas que llegan cada año a pasar unos días o semanas a Canarias. También es evidente que entre esos 9 millones de personas que nos visitan hay más probabilidades (es una mera cuestión estadística) que porten alguna enfemedad (VIH, gonorrea u otras enfermedades venéreas, tuberculosis, gripe, etc.). Y, sin embargo, es evidente que no pasan ningún control.
El racismo es, sobre todo, una cuestión de clase social. Se es racista con los más pobres, porque un turista que viene a Canarias (aunque apenas pueda gastar nada en las islas) tiene otro estatus y ni siquiera es sospechoso de portar enfermedad alguna en su sangre. De ahí que nunca veremos un titular como el siguiente: ‘Se hará la prueba de tuberculosis, SIDA, sífilis y hepatitis, por primera vez, a los 9 millones de turistas que vienen a Canarias’. Se consideraría un trato absolutamente indigno.
Por supuesto, es lógico que a las personas que llegan en cayuco se les someta a un control sanitario, pues está claro que llegan en condiciones penosas después de una larga travesía. Lo que no es tan lógico es que un periódico los convierta en apestados sospechosos de extender una pandemia. Bastaba sólo que contrastaran la información con el Servicio Canario de Salud. La intencionalidad de esta desinformación está clara y responde sin ninguna duda a la criminalización del fenómeno migratorio que caracteriza la línea editorial del periódico. Otra cosa distinta es que algunos redactores se sumen a esta cacería del inmigrante.
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